¿Puedo ir a la cárcel por no pagar un crédito?

Qué pasa en España si dejas de pagar un crédito

Cuando una persona deja de pagar un crédito, normalmente entra en juego la relación contractual firmada con la entidad. Las obligaciones nacen, entre otras fuentes, de los contratos, como recuerda el artículo 1089 del Código Civil. Por eso, el primer plano del problema suele ser civil o mercantil: cuotas vencidas, intereses de demora si proceden, requerimientos de pago y eventual reclamación de la deuda.

Además, conviene distinguir entre el impago puntual y una situación más prolongada. Dependiendo del contrato y de cómo actúe la entidad, puede haber comunicación de mora, negociación, refinanciación o una reclamación formal. También puede haber efectos en la solvencia del deudor, por ejemplo en ficheros de morosidad, si se cumplen los requisitos legales aplicables.

Cuándo el impago puede tener consecuencias civiles y patrimoniales

La consecuencia jurídica más habitual del impago es la responsabilidad patrimonial. El punto de partida en España está en el artículo 1911 del Código Civil, que establece la responsabilidad patrimonial universal del deudor con sus bienes presentes y futuros. Esto no significa que todo ocurra de forma automática, pero sí que, si prospera una reclamación, la deuda puede llegar a exigirse sobre el patrimonio del deudor en los términos legalmente previstos.

En la práctica, las consecuencias del impago de un crédito pueden incluir:

• reclamación extrajudicial por la entidad o por quien haya adquirido la deuda;
• devengo de intereses o comisiones, siempre que procedan y sean revisables conforme al contrato y a la normativa aplicable;
• posible vencimiento anticipado, si concurren sus requisitos y no se trata de una aplicación automática o indiscriminada;
• embargo de bienes o ingresos, si existe título suficiente y se sigue el cauce legal correspondiente.

Cada caso dependerá del contrato, del importe, del tipo de crédito y de la fase en la que esté la reclamación. Por eso conviene revisar la documentación antes de asumir que la entidad “puede hacerlo todo” sin límites, especialmente si existen gastos ocultos en renovaciones de crédito.

En qué situaciones podrían aparecer consecuencias penales

El impago de una deuda no se transforma por sí mismo en delito. Para hablar de consecuencias penales, hay que analizar si los hechos encajan en un tipo del Código Penal realmente aplicable. No basta con deber dinero ni con dejar de pagar una cuota.

De forma genérica, podrían valorarse riesgos penales si, además del impago, aparecen conductas como engaño bastante para obtener el dinero desde el inicio, ocultación fraudulenta de bienes para frustrar el cobro o actuaciones similares penalmente relevantes. No siempre será así: habrá que estudiar la intención, la documentación, el momento en que ocurrieron los hechos y si existía una verdadera imposibilidad de pago o una actuación fraudulenta diferenciada.

Por eso es importante no confundir incumplimiento contractual con delito. Son planos jurídicos distintos y sus consecuencias también lo son.

Qué ocurre con los avalistas o fiadores

Si existe un avalista o fiador, su situación debe revisarse con mucha atención. El deudor principal es quien asume la obligación de pago, pero la garantía personal puede permitir a la entidad dirigirse también contra el fiador en los términos pactados y conforme al régimen legal aplicable.

No todos los avales funcionan igual. Puede influir si la fianza es solidaria, si hay renuncias a determinados beneficios legales o si existen límites cuantitativos o temporales. En consecuencia, la responsabilidad del fiador no debe simplificarse: conviene leer el contrato y valorar qué alcance real tiene la garantía firmada.

Qué opciones legales y prácticas conviene valorar antes de que la deuda empeore

Antes de que la situación se agrave, suele ser razonable actuar pronto. Algunas opciones legales y prácticas pueden ser:

• revisar el contrato, el cuadro de amortización y los recibos pendientes;
• comprobar si los intereses, comisiones o requerimientos son correctos;
• negociar con la entidad una carencia, refinanciación o reestructuración de deuda, si resulta viable;
• guardar todas las comunicaciones y responder con criterio a los requerimientos recibidos;
• pedir asesoramiento jurídico si ya existe demanda, amenaza de embargo o dudas sobre avalistas.

En algunos supuestos de sobreendeudamiento, también puede ser útil estudiar mecanismos específicos de alivio o exoneración, pero su viabilidad dependerá del perfil del deudor y de su situación patrimonial.

Preguntas frecuentes sobre cárcel, deudas e impago