Tasas y costas infladas por impago: cómo impugnarlas

Ante una reclamación por tasas y costas infladas por impago, lo primero es aclarar que la palabra “tasas” suele usarse de forma coloquial e imprecisa. Jurídicamente, no todo importe añadido a una deuda son costas procesales: puede tratarse de intereses, gastos de reclamación de deuda, honorarios, comisiones o penalizaciones pactadas. Su posible impugnación dependerá del concepto concreto, de la fase en que se reclame y de la documentación disponible.

¿Se pueden impugnar unas tasas o costas infladas por impago? Sí, puede hacerse, pero no por una vía única. Si se trata de costas judiciales, habrá que atender a la Ley de Enjuiciamiento Civil; si son gastos extrajudiciales o cláusulas contractuales, conviene analizar el contrato, la factura, la minuta o la base pactada para comprobar si el importe reclamado está justificado.

Qué pueden ser realmente las “tasas y costas infladas por impago”

En España no existe una categoría legal autónoma llamada “tasas infladas por impago”. Normalmente, esa expresión engloba conceptos distintos que conviene separar:

Por eso, antes de pagar o discutir una deuda reclamada con recargos, habrá que identificar si la suma añadida nace de una demanda, de un decreto, de una tasación de costas, de una minuta extrajudicial o del propio contrato.

Cuándo conviene revisar si se trata de costas procesales, gastos pactados o honorarios excesivos

Si se inicia una reclamación judicial, por ejemplo en un procedimiento monitorio u otro proceso declarativo, puede haber condena en costas conforme al régimen general del artículo 394 LEC, que se basa en el criterio del vencimiento, con matices. Después, esas costas no se fijan libremente por una parte, sino mediante tasación de costas conforme a los artículos 241 y siguientes de la LEC, con intervención del Letrado de la Administración de Justicia.

Distinto es que le reclamen gastos u honorarios fuera del proceso. Ahí conviene analizar si existía pacto válido al amparo de la autonomía de la voluntad del artículo 1255 del Código Civil, qué servicio se prestó realmente y si el importe está documentado. En relaciones con consumidores, además, habrá que valorar si alguna cláusula de penalización o comisión puede ser abusiva, pero sin confundir ese control con la impugnación de costas judiciales.

Un ejemplo útil: no es lo mismo una minuta extrajudicial de un despacho por gestiones de recobro que una tasación de costas judicial aprobada dentro de un procedimiento. La primera se discute por su base contractual o justificativa; la segunda, por las vías procesales previstas en la LEC.

Cómo se puede impugnar una tasación de costas o discutir importes desproporcionados

Cuando existe una tasación de costas en sentido procesal, la LEC prevé expresamente su impugnación. El artículo 245 LEC contempla la impugnación por indebidas o por excesivas, según el problema detectado. En términos prácticos, puede discutirse que se hayan incluido partidas no procedentes o que determinados honorarios resulten superiores a lo razonable a efectos de costas.

Si, en cambio, la discusión recae sobre gastos de reclamación de deuda, comisiones o recargos extrajudiciales, no se aplica automáticamente ese cauce. Dependerá de si hay contrato, factura, justificantes, correspondencia de reclamación y prueba de que el gasto existió y guarda proporción con la deuda. También conviene revisar si se están duplicando conceptos, por ejemplo reclamar a la vez honorarios privados y presentarlos como costas judiciales sin respaldo procesal.

En algunos supuestos, impugnar costas o formular oposición a una tasación exige rapidez y precisión técnica, por lo que puede ser decisivo revisar plazos, decreto y partidas incluidas antes de responder.

Qué documentos y datos conviene reunir antes de oponerse

• Contrato firmado y condiciones generales aplicables.
• Demanda, decreto, diligencia o resolución donde se reclamen importes añadidos.
• Tasación de costas, si ya se ha practicado.
• Minutas, facturas y justificantes de los gastos reclamados.
• Cálculo de intereses y fecha desde la que se aplican.
• Requerimientos previos, correos o comunicaciones de recobro.

Con esa base, se puede comprobar si hay cargos desproporcionados, conceptos repetidos o partidas que no corresponden a la fase en la que se encuentra la reclamación.

Errores frecuentes al pagar o discutir una reclamación de este tipo

• Asumir que toda cantidad incluida en una minuta es automáticamente correcta.
• Confundir una reclamación privada de honorarios con una tasación judicial.
• No revisar si los intereses o gastos estaban pactados de forma clara.
• Dejar pasar plazos procesales cuando ya existe tasación de costas.
• Discutir solo la cuantía, sin cuestionar la procedencia del concepto.

Qué paso conviene dar si la deuda o los gastos no cuadran

La idea central es sencilla: no todo recargo es automáticamente improcedente, pero tampoco todo importe reclamado es correcto por figurar en una demanda o en una minuta. Habrá que valorar si se trata de costas procesales, gastos pactados, intereses, honorarios excesivos o penalizaciones contractuales, y actuar en función de esa calificación.

Antes de pagar o impugnar, conviene revisar el contrato, la demanda, el decreto, la tasación o los justificantes. Ese análisis previo puede marcar la diferencia entre una oposición útil y una discusión mal enfocada.