Refinanciación con tipo variable no informado: reclamación

La refinanciación con tipo variable no informado no suele ser una categoría legal autónoma con regulación propia. En la práctica, normalmente estamos ante una novación, refinanciación o modificación contractual de un préstamo en la que el interés pasa a ser variable, o ya lo era pero se modifica su funcionamiento, sin que el cliente consumidor reciba una explicación clara y suficiente sobre cómo se calcularán las cuotas, qué índice se aplicará, qué diferencial se sumará o cuál puede ser el impacto económico real.

Desde el punto de vista jurídico, la clave no está en el nombre de la operación, sino en si hubo déficit de transparencia, falta de información precontractual o contractual y, en su caso, si determinadas cláusulas predispuestas superan el control de incorporación y de transparencia exigible en contratos con consumidores. El artículo 1255 del Código Civil permite a las partes establecer los pactos que tengan por conveniente, pero esa autonomía de la voluntad no convierte en intocable cualquier cláusula si falla la información, la comprensión real del coste o el control de abusividad cuando procede.

En este tipo de asuntos conviene analizar la documentación concreta antes de afirmar si existe base para reclamar. Puede haber casos en los que la cláusula sea válida y otros en los que la información suministrada por la entidad bancaria resulte insuficiente para un consumidor medio, especialmente si no se explicaron bien el índice de referencia, el diferencial, las revisiones de cuota o la diferencia entre TIN y TAE.

Qué significa una refinanciación con tipo variable no informado

Cuando se habla de refinanciación con tipo variable no informado, normalmente se hace referencia a una operación por la que se renegocia un préstamo o crédito y se introduce, mantiene o modifica un interés variable referenciado a un índice sin que el cliente haya recibido una explicación comprensible sobre sus consecuencias económicas.

No toda modificación del préstamo genera un problema jurídico. Una novación puede ser perfectamente válida si el banco informó de forma suficiente y el prestatario pudo comprender el alcance económico del cambio. El conflicto aparece, por ejemplo, cuando la cláusula se incorpora de forma poco clara, se presenta de manera técnica sin explicación real o se omiten datos esenciales para entender el riesgo de variación de la cuota.

Algunos ejemplos prácticos frecuentes son los siguientes:

• Se menciona un índice de referencia pero no se explica qué es, cómo se publica o cómo afecta a la revisión de la cuota.
• Aparece un diferencial con redacción poco clara o dispersa entre varios documentos.
• No se entregan simulaciones de escenarios de subida o no se explica el impacto de una variación del índice.
• El cliente firma entendiendo un coste aproximado fijo, cuando en realidad el préstamo variable podía encarecerse notablemente.
• Se confunden TIN y TAE, lo que dificulta apreciar el coste total de la financiación.
• Existe un techo o suelo encubierto o una limitación de variabilidad mal explicada.

Cuándo puede haber falta de transparencia en una novación o refinanciación

La falta de transparencia no depende solo de que el tipo variable figure por escrito. En contratos con consumidores, habrá que valorar si la cláusula predispuesta quedó correctamente incorporada y si el prestatario pudo comprender de manera realista la carga económica y jurídica asumida. Aquí resultan especialmente relevantes el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la Ley 7/1998, de Condiciones Generales de la Contratación, además de la normativa bancaria de transparencia.

Puede existir un problema de transparencia, entre otros supuestos, cuando:

• La cláusula del interés variable está redactada de forma oscura, fragmentada o técnicamente confusa.
• No se facilitó información suficiente antes de la firma sobre la fórmula de cálculo del interés y las revisiones.
• La entidad no explicó de manera comprensible la diferencia entre un tipo fijo y un préstamo variable, especialmente si la operación respondía a una situación de dificultad económica del cliente.
• Se omitieron advertencias sobre el riesgo de subida de cuotas o la evolución del coste total.
• Se entregó documentación estandarizada sin tiempo razonable para su revisión o sin explicar extremos decisivos para un consumidor medio.

Conviene distinguir cuatro planos jurídicos. Primero, la validez del pacto desde la autonomía de la voluntad del artículo 1255 del Código Civil. Segundo, el deber de información y transparencia propio de la contratación bancaria. Tercero, la posible falta de incorporación o abusividad de cláusulas predispuestas en contratos con consumidores. Y cuarto, las consecuencias restitutorias o de revisión, que no son automáticas y dependerán del contenido contractual y de la pretensión concreta.

Si la operación es un crédito inmobiliario sujeto por su fecha y naturaleza a la Ley 5/2019, habrá que analizar además sus exigencias específicas de información. Pero no conviene presentar esa ley como aplicable a cualquier refinanciación, porque dependerá del tipo de préstamo y del momento en que se formalizó.

Qué documentos conviene revisar antes de reclamar al banco

Antes de iniciar una reclamación banco, lo más útil suele ser una revisión documental completa. En muchas ocasiones la viabilidad del asunto no depende de una sola cláusula, sino de cómo se entregó y explicó el conjunto de la operación.

La documentación que conviene reunir incluye:

• Escritura o póliza de novación, refinanciación o modificación del préstamo.
• Oferta comercial, oferta vinculante o documentos precontractuales, si existieron.
• Anexos donde se describa el tipo de interés, el índice, el diferencial y las fechas de revisión.
• Cuadro de amortización inicial y posteriores revisiones de cuotas.
• Recibos bancarios y extractos que permitan comparar el coste antes y después de la novación préstamo.
• Correos, cartas, mensajes o grabaciones comerciales, si se conservan.
• Documentación notarial o actas previas, cuando la normativa aplicable las exija.

También conviene revisar si el contrato identifica con claridad el índice de referencia, la periodicidad de revisión, el diferencial aplicable, los redondeos, los límites a la variación y las comisiones vinculadas. Una cláusula puede parecer comprensible de forma aislada y, sin embargo, resultar confusa al analizarla junto al resto del contrato.

En este punto suele ser útil distinguir entre TIN y TAE. El TIN es el tipo de interés nominal, es decir, el porcentaje aplicado al capital para calcular intereses. La TAE intenta reflejar el coste anual efectivo incorporando, en determinados supuestos, comisiones y frecuencia de pagos. Si el cliente entendió solo el TIN y no el coste global o la forma de revisión del préstamo variable, puede haber argumentos para examinar la transparencia con más detalle.

Qué se puede reclamar si el interés variable no se explicó con claridad

Lo que se puede pedir dependerá del contenido de la cláusula, de la posición del cliente como consumidor o no consumidor y de la documentación disponible. No existe una consecuencia única para todos los casos de tipo variable no informado.

Entre las posibilidades que conviene valorar están:

• Solicitar la nulidad de una cláusula predispuesta por falta de transparencia o, en su caso, por abusividad, cuando concurran los requisitos legales.
• Pedir la eliminación o inaplicación de determinados elementos del cálculo si no superan el control de incorporación.
• Reclamar una restitución de cantidades si se considera que se cobraron importes indebidamente como consecuencia de una cláusula que no deba producir efectos.
• Solicitar una revisión del cuadro de amortización o de las liquidaciones practicadas, si procede según la pretensión ejercitada.

Si se plantea una acción de nulidad de cláusulas abusivas, la doctrina consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene considerando esa acción imprescriptible. Distinto es el análisis de la acción restitutoria para recuperar cantidades, que puede quedar sujeta al plazo general del artículo 1964 del Código Civil. Aun así, habrá que estudiar con cautela el dies a quo y la evolución jurisprudencial aplicable al caso concreto.

Por eso no conviene prometer una devolución automática ni una anulación total de la operación. En algunos supuestos la discusión se centra en una cláusula específica; en otros, en la información precontractual; y en otros, en el alcance económico de la restitución.

Cómo plantear una reclamación extrajudicial y cuándo valorar la vía judicial

En reclamaciones de este tipo, lo aconsejable suele ser empezar por una reclamación extrajudicial bien documentada. Antes de demandar, conviene exponer por escrito qué cláusula o aspecto de la refinanciación se considera poco transparente, qué documentación se adjunta y qué se solicita exactamente.

1. Preparar un informe documental básico con escritura, oferta, anexos, recibos y comunicaciones.
2. Presentar reclamación ante el servicio de atención al cliente o defensor del cliente de la entidad, si existe.
3. Si no hay respuesta satisfactoria, valorar una presentación ante el Servicio de Reclamaciones del Banco de España, teniendo presente que sus pronunciamientos no equivalen por sí solos a una sentencia ni obligan automáticamente al banco a devolver cantidades.
4. Si persiste el conflicto, estudiar con un profesional la conveniencia de acudir a la vía judicial con la acción o acciones que mejor encajen.

No existe aquí una modalidad procesal especial comparable a otros órdenes jurisdiccionales. La estrategia dependerá del tipo de contrato, de la condición de consumidor, de la cuantía discutida, de la prueba disponible y del objetivo perseguido: nulidad, cesación de efectos, reclamación de cantidad o combinación de pretensiones.

Una reclamación bien planteada suele concretar hechos, fechas, documentos, cláusulas discutidas y consecuencias económicas. Cuanto más claro quede qué información faltó y cómo afectó a la decisión del cliente, más sólida puede resultar la posición negociadora o procesal.

Errores frecuentes y aspectos que conviene revisar con un abogado bancario

Uno de los errores más habituales es confundir una situación comercialmente molesta con una infracción jurídica reclamable. Que la cuota suba no implica por sí solo falta de transparencia. La cuestión es si el banco explicó de manera suficiente el funcionamiento del interés variable y si la cláusula fue comprensible para un consumidor medio.

También es frecuente:

• Basar la reclamación solo en un resumen verbal y no en los documentos firmados.
• No distinguir entre falta de información y mera falta de recuerdo por el cliente.
• Pedir una nulidad total del préstamo cuando el problema puede centrarse solo en una cláusula predispuesta.
• No calcular con criterio la posible reclamación de cantidad derivada de la cláusula discutida.
• Ignorar la importancia del cuadro de amortización, las revisiones de cuota y los recibos históricos.

Con un abogado bancario conviene revisar, al menos, estos extremos:

• Si el cliente actuó como consumidor y qué régimen protector resulta aplicable.
• Si la cláusula supera el control de incorporación y transparencia.
• Si existen elementos añadidos como comisiones, bonificaciones, suelos, techos o redondeos que alteren el coste real.
• Qué acción interesa más: nulidad, restitución, revisión o una combinación prudente de pretensiones.
• Qué plazo puede afectar a la acción restitutoria según el caso concreto.

Preguntas frecuentes

Conclusión

La refinanciación con tipo variable no informado puede dar lugar a una reclamación cuando la operación se formalizó sin una información clara, comprensible y suficiente sobre el funcionamiento real del interés variable. Pero no todos los casos se resuelven igual: habrá que analizar si existe un problema de transparencia, de incorporación de cláusulas predispuestas, de posible abusividad o de alcance restitutorio.

Como siguiente paso razonable, conviene revisar con detalle la escritura, la oferta, los anexos, los recibos, el cuadro de amortización y las comunicaciones con la entidad. Con esa base será más fácil valorar si merece la pena iniciar una reclamación extrajudicial y, en su caso, estudiar después la vía judicial con la prudencia jurídica necesaria.

Fuentes oficiales verificables

• Código Civil, con referencia al artículo 1255 y al artículo 1964.
• Orden EHA/2899/2011, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.