Demanda de Reclamación de Cantidad

¿Qué es una demanda de reclamación de cantidad?

Una demanda de reclamación de cantidad es un procedimiento judicial que permite a una persona física o jurídica exigir el pago de una deuda dineraria cuando no ha sido satisfecha voluntariamente. Este tipo de demanda es común en situaciones en las que una parte ha incumplido una obligación contractual, como el impago de facturas, servicios prestados, salarios, rentas de alquiler u otros compromisos económicos documentados. Se trata de una herramienta legal clave para proteger los derechos del acreedor y garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

El procedimiento puede tramitarse por la vía del juicio verbal o del juicio ordinario, dependiendo de la cuantía de la cantidad reclamada y la complejidad del asunto. Para reclamaciones inferiores a 6.000 euros, normalmente se utiliza el juicio verbal, mientras que para cantidades superiores se sigue el procedimiento ordinario. En ambos casos, es fundamental que la deuda esté claramente determinada, vencida y exigible, y que el demandante cuente con pruebas suficientes que respalden su reclamación.

Estas demandas son especialmente frecuentes en el ámbito empresarial, aunque también son utilizadas por particulares en contextos como préstamos entre particulares, impago de rentas en contratos de arrendamiento o servicios no remunerados. Contar con documentación adecuada, como contratos, facturas, correos electrónicos o presupuestos aceptados, es esencial para que la demanda prospere.

Además, presentar una demanda bien fundamentada puede servir como mecanismo de presión para llegar a un acuerdo extrajudicial antes de iniciar el proceso formal, lo cual es recomendable en muchos casos para evitar los tiempos y costes del procedimiento judicial.

• Debe existir una deuda cierta, líquida y exigible.
• Es recomendable contar con prueba documental del impago.
• La cuantía determinará el tipo de juicio aplicable.
• Puede reclamarse la deuda principal, intereses y costas.

En resumen, la demanda de reclamación de cantidad es un recurso legal útil y eficaz para reclamar importes adeudados y resolver conflictos económicos mediante la intervención judicial. Su correcta preparación y fundamentación legal aumentan las probabilidades de éxito en el proceso.

Requisitos legales para presentar la demanda

Para iniciar una demanda de reclamación de cantidad es imprescindible cumplir con una serie de requisitos legales establecidos por la normativa procesal vigente en España, principalmente recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El incumplimiento de alguno de estos requisitos puede derivar en la inadmisión de la demanda, en demoras procesales o incluso en su archivo, por lo que es fundamental conocerlos y aplicarlos correctamente.

En primer lugar, el demandante debe tener capacidad procesal y legitimación activa, lo que significa que debe ser titular del derecho que se reclama. Igualmente, debe dirigirse la demanda contra el deudor correcto (legitimación pasiva), quien ha incumplido la obligación de pago. Además, es indispensable que la deuda sea líquida (determinada en una cantidad concreta), vencida (es decir, que ya haya pasado la fecha límite de pago) y exigible legalmente.

Otro requisito fundamental es la necesidad de acompañar a la demanda la prueba documental que respalde la reclamación. Esta documentación puede incluir contratos firmados, facturas impagadas, correos electrónicos que demuestren la aceptación de condiciones o cualquier otro elemento que acredite el origen y la existencia de la deuda.

• Capacidad legal del demandante para actuar en juicio.
• Identificación completa del demandado y su domicilio.
• Deuda vencida, líquida y exigible.
• Documentos probatorios suficientes que respalden la reclamación.
• Determinación de la cuantía, para asignar el procedimiento correspondiente (verbal u ordinario).

Asimismo, si el demandante desea reclamar también los intereses de demora y las costas judiciales, debe reflejarlo de manera expresa en el escrito de demanda. Es habitual, además, que se incluya una estimación de los intereses devengados hasta la fecha y una solicitud para que se sigan generando hasta el pago total de la deuda.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que, en función de la cuantía de la reclamación, puede ser necesaria la intervención de abogado y procurador. En general, en demandas superiores a 2.000 euros es obligatorio contar con estos profesionales, lo que debe contemplarse en la planificación del procedimiento.

Documentación necesaria

Para que una demanda de reclamación de cantidad prospere ante los tribunales, es esencial acompañarla de documentación que justifique la existencia de la deuda, su cuantía, y el incumplimiento por parte del deudor. Una presentación sólida de los documentos no solo refuerza la posición del demandante, sino que también puede agilizar el proceso judicial e incluso favorecer la resolución extrajudicial del conflicto.

La clave está en demostrar que el deudor contrajo una obligación de pago válida y que, llegado el vencimiento, no ha cumplido con la misma. Para ello, existen diversos tipos de documentos que pueden utilizarse, dependiendo del origen de la deuda.

• Facturas impagadas: imprescindibles en relaciones comerciales entre empresas o profesionales.
• Contratos escritos: tanto públicos como privados, donde consten las condiciones pactadas.
• Presupuestos aceptados: firmados o con prueba de aceptación por parte del deudor.
• Correos electrónicos o mensajes: que evidencien el compromiso de pago o la aceptación de servicios/productos.
• Certificados de deuda: emitidos por profesionales, comunidades de propietarios o administradores.
• Requerimientos previos de pago: burofaxes, cartas certificadas o comunicaciones previas exigiendo el cumplimiento.

En caso de que la deuda provenga de relaciones laborales, también pueden presentarse nóminas, finiquitos o comunicaciones de despido. Si el origen es un impago de alquiler, se debe incluir el contrato de arrendamiento y los justificantes de los pagos anteriores para demostrar el incumplimiento. En definitiva, la documentación debe servir para que el juez tenga una visión clara y objetiva del origen, desarrollo y situación actual de la deuda reclamada.

Por último, aunque no es obligatorio, incluir una cronología clara de los hechos acompañada de las pruebas documentales ordenadas por fecha puede ser de gran ayuda. Esto facilita la comprensión del caso por parte del juzgado y puede marcar la diferencia en la resolución favorable de la demanda.

Pasos para presentar la demanda

Presentar una demanda de reclamación de cantidad es un proceso estructurado que debe seguir una serie de pasos legales y formales para garantizar su admisión y tramitación por parte del juzgado. Conocer estos pasos es fundamental para evitar errores procesales, optimizar tiempos y mejorar las posibilidades de éxito del procedimiento judicial.

Aunque el proceso puede variar ligeramente según la comunidad autónoma o el juzgado competente, en términos generales se pueden identificar los siguientes pasos esenciales:

• Revisión previa de la deuda: confirmar que la deuda es líquida, vencida y exigible, y que existe base documental que la respalde.
• Intento de resolución extrajudicial: enviar un requerimiento de pago al deudor, preferiblemente mediante burofax o carta certificada con acuse de recibo.
• Redacción de la demanda: elaborar el escrito de demanda incluyendo los datos de las partes, los hechos, los fundamentos jurídicos y la solicitud concreta de lo reclamado.
• Reunión de documentación: adjuntar contratos, facturas, correos electrónicos, presupuestos o cualquier prueba que sustente la reclamación.
• Presentación en el juzgado competente: la demanda se presenta en el juzgado de primera instancia del domicilio del demandado o según lo pactado en el contrato.
• Admisión a trámite y notificación: una vez admitida, el juzgado notifica al demandado para que conteste o se allane al pago.
• Celebración del juicio (si procede): en caso de oposición, se celebrará vista oral si se trata de juicio verbal, o se seguirán los trámites del juicio ordinario.
• Sentencia y ejecución: si se estima la demanda, se dicta sentencia y, si no se cumple voluntariamente, se puede solicitar su ejecución forzosa.

Cada uno de estos pasos debe ejecutarse con precisión y rigor legal. Una planificación adecuada desde el inicio, incluyendo la recopilación de pruebas y la correcta identificación del procedimiento aplicable (verbal u ordinario), marca una gran diferencia en el desarrollo del caso. Si bien algunas reclamaciones pueden resolverse rápidamente, otras pueden alargarse si hay oposición o se requiere vista, por lo que contar con asesoramiento profesional es altamente recomendable.

¿Juicio verbal o juicio ordinario?

Al presentar una demanda de reclamación de cantidad, uno de los aspectos clave es determinar el tipo de procedimiento judicial más adecuado: juicio verbal u ordinario. Esta elección no depende de la voluntad del demandante, sino de la cuantía económica reclamada y, en algunos casos, de la materia objeto del litigio. Elegir correctamente el cauce procesal evita inadmisiones y agiliza el trámite ante los juzgados.

La Ley de Enjuiciamiento Civil establece que el criterio principal para decidir entre uno u otro procedimiento es la cuantía:

• Juicio verbal: se emplea cuando la cantidad reclamada no supera los 6.000 euros, salvo excepciones previstas legalmente.
• Juicio ordinario: procede si la cuantía supera los 6.000 euros o si la materia, aunque de menor cuantía, requiere este tipo de proceso por su complejidad (por ejemplo, litigios relacionados con condiciones generales de contratación).

Otro aspecto a considerar es la necesidad de abogado y procurador. Aunque en ambos procedimientos es obligatorio si se superan los 2.000 euros, en reclamaciones inferiores a dicha cantidad, el propio interesado puede acudir al juzgado sin representación legal, especialmente en juicios verbales.

Elegir correctamente el procedimiento adecuado no solo garantiza la admisión a trámite de la demanda, sino que también incide directamente en la duración, costes y complejidad del litigio. Por ello, contar con el asesoramiento de un abogado es altamente recomendable desde el inicio.

Plazos legales y prescripción

Al presentar una demanda de reclamación de cantidad, uno de los elementos más importantes a tener en cuenta es el plazo legal del que se dispone para ejercitar dicha acción. Si se presenta fuera del plazo establecido por la ley, la reclamación puede ser desestimada por prescripción, lo que implica la pérdida del derecho a reclamar judicialmente la deuda. Por tanto, conocer y respetar estos plazos es esencial para salvaguardar los derechos del acreedor.

El Código Civil establece distintos plazos de prescripción según el tipo de deuda o relación contractual. A continuación, se detallan los más habituales:

• Deudas contractuales generales: el plazo de prescripción es de 5 años desde que la deuda puede ser exigida (art. 1964.2 del Código Civil).
• Deudas derivadas de relaciones profesionales: abogados, notarios, registradores y otros tienen un plazo de prescripción de 3 años.
• Deudas por suministros o servicios periódicos: como telefonía, agua, gas o electricidad, prescriben a los 3 años (art. 1967).
• Acciones por responsabilidad extracontractual: tienen un plazo de 1 año desde que se conoce el daño y el responsable.

Además de los plazos de prescripción, existen plazos procesales importantes una vez presentada la demanda. Por ejemplo, el demandado tiene un plazo específico para contestar la demanda, y si no lo hace, puede ser declarado en rebeldía. Asimismo, el juzgado puede fijar fechas concretas para la celebración de vistas o la práctica de pruebas.

Para evitar errores, es muy recomendable contar con asesoría legal desde el momento en que se identifica el impago. Un abogado podrá calcular correctamente los plazos aplicables y ayudar a preservar los derechos del acreedor antes de que la acción quede prescrita. En muchas ocasiones, un simple requerimiento fehaciente puede bastar para interrumpir la prescripción y ganar tiempo valioso para preparar la reclamación.

Costes y honorarios del proceso

Iniciar una demanda de reclamación de cantidad implica ciertos costes que deben ser considerados antes de emprender el procedimiento judicial. Aunque se trata de un mecanismo eficaz para recuperar deudas, es importante tener claro cuáles serán los gastos asociados y cómo pueden influir en la decisión de demandar, especialmente si el importe reclamado es bajo.

Los principales costes que se deben contemplar en este tipo de procesos incluyen los honorarios de profesionales jurídicos, las tasas judiciales (cuando proceda) y los posibles gastos derivados de peritajes u otras pruebas. A continuación se detallan los conceptos más relevantes:

• Abogado: sus honorarios varían en función de la cuantía reclamada y la complejidad del caso. Muchos ofrecen tarifas cerradas o trabajan con porcentaje sobre la cantidad recuperada.
• Procurador: su intervención es obligatoria cuando la demanda supera los 2.000 euros. Sus honorarios están regulados por aranceles.
• Tasa judicial: actualmente solo aplicable a personas jurídicas (empresas). Las personas físicas están exentas en la mayoría de casos.
• Gastos adicionales: traducciones, informes periciales, desplazamientos o notificaciones por burofax, entre otros.

Es recomendable solicitar presupuesto previo a los profesionales que intervienen en el proceso y, si es posible, negociar una modalidad de pago flexible o sujeta al éxito del procedimiento. En muchos casos, los despachos ofrecen la posibilidad de trabajar bajo una fórmula de “cuota litis”, cobrando un porcentaje de lo recuperado judicialmente.

En resumen, aunque reclamar una deuda tiene un coste inicial, estos gastos pueden recuperarse si se gana el juicio y el deudor es condenado en costas. Aun así, es clave valorar la viabilidad económica del procedimiento y asegurarse de que los beneficios potenciales compensan la inversión necesaria.

Opciones si el deudor no paga

Cuando se ha dictado una sentencia favorable en una demanda de reclamación de cantidad, pero el deudor no cumple voluntariamente con el pago, el acreedor no queda indefenso. El ordenamiento jurídico español ofrece varios mecanismos para forzar el cumplimiento de la resolución judicial. Estas opciones están reguladas por la Ley de Enjuiciamiento Civil y permiten activar el proceso de ejecución forzosa.

La primera opción es presentar una demanda de ejecución de sentencia. Esta acción debe interponerse ante el mismo juzgado que dictó la resolución, solicitando que se inicien medidas coercitivas para obtener el cobro de la deuda reconocida judicialmente. La ejecución puede dirigirse contra los bienes, derechos o ingresos del deudor.

• Embargo de cuentas bancarias: el juzgado puede ordenar el bloqueo y retirada de fondos disponibles a favor del acreedor.
• Embargo de salario o pensión: hasta el límite permitido por ley, respetando el salario mínimo interprofesional.
• Embargo de bienes muebles e inmuebles: como vehículos, viviendas, acciones o propiedades registradas a nombre del deudor.
• Inscripción en registros de morosos: a través de procedimientos complementarios, se puede reportar la deuda a ficheros como ASNEF o RAI.

Otra alternativa es negociar con el deudor un plan de pagos o acuerdo extrajudicial, especialmente si existen dificultades económicas reales. Estos acuerdos pueden formalizarse por escrito e incluir garantías de cumplimiento como avales o cláusulas penales por impago.

En resumen, si el deudor no paga tras la sentencia, existen vías legales efectivas para forzar el cobro, pero es esencial contar con el asesoramiento de un abogado especializado que gestione correctamente el proceso de ejecución. La rapidez en la actuación puede marcar la diferencia entre recuperar o no la deuda.

Consejos para aumentar las probabilidades de éxito

Presentar una demanda de reclamación de cantidad puede ser un proceso exitoso si se aborda con planificación, precisión legal y una estrategia adecuada. Aunque contar con una deuda legítima y documentada es el primer paso, hay otros factores clave que pueden influir significativamente en el resultado del proceso. A continuación, te ofrecemos una serie de consejos prácticos que te ayudarán a aumentar las probabilidades de éxito en tu reclamación judicial.

• Recopila toda la documentación posible: facturas, contratos, correos electrónicos y cualquier prueba escrita que acredite la relación entre las partes y el incumplimiento del pago.
• Reclama extrajudicialmente antes de acudir al juzgado: enviar un burofax o requerimiento notarial demuestra tu voluntad de solucionar el conflicto y puede ser clave para interrumpir la prescripción.
• Redacta una demanda clara y bien fundamentada: explica los hechos cronológicamente, identifica las pruebas y sustenta jurídicamente tu pretensión. Evita ambigüedades o datos imprecisos.
• Comprueba que estás dentro del plazo legal: asegúrate de que la acción no esté prescrita y actúa cuanto antes para evitar la pérdida del derecho a reclamar.
• Asesórate con un abogado especializado: la orientación profesional no solo mejora la calidad de la demanda, sino que puede ayudarte a anticipar posibles objeciones del deudor.

Otro aspecto importante es mantener una actitud colaborativa y profesional durante el procedimiento. No caigas en provocaciones ni uses un tono agresivo en los escritos judiciales. La imagen que proyectes como demandante puede influir, incluso inconscientemente, en la percepción del juez sobre la seriedad de tu caso.

En definitiva, el éxito de una reclamación judicial no solo depende de tener razón, sino de cómo se presenta, justifica y defiende esa razón. Ser meticuloso, actuar con rapidez, asesorarse bien y respetar el procedimiento son claves para maximizar tus posibilidades de cobrar lo que te deben.

Preguntas frecuentes

A la hora de presentar una demanda de reclamación de cantidad, surgen muchas dudas habituales entre quienes no están familiarizados con los procedimientos judiciales. En esta sección resolvemos algunas de las preguntas más comunes para aclarar aspectos clave del proceso y ofrecer una guía más completa al lector.

Conclusión

La demanda de reclamación de cantidad representa una herramienta jurídica eficaz para proteger los derechos económicos de personas físicas y jurídicas ante situaciones de impago. Si bien puede parecer un procedimiento complejo al principio, una vez comprendidos sus fundamentos, requisitos y etapas, se convierte en un proceso accesible que, bien planteado, puede ofrecer resultados satisfactorios para el acreedor.

A lo largo de este artículo hemos analizado los principales aspectos que influyen en el éxito de una reclamación: desde la identificación del tipo de procedimiento (verbal u ordinario), pasando por la documentación esencial, los plazos legales y los costes asociados, hasta las opciones disponibles en caso de que el deudor no cumpla con la sentencia. Cada uno de estos elementos es clave y requiere atención cuidadosa para no comprometer el resultado del proceso.

Asimismo, no debe olvidarse que iniciar una acción judicial también puede disuadir a deudores morosos en el futuro, generando una imagen de firmeza y seriedad en la gestión de las relaciones contractuales. La posibilidad de incluir intereses y costas en la reclamación también ayuda a compensar los gastos asumidos durante el proceso.

En definitiva, la reclamación de cantidad es un derecho que no debe dejarse de ejercer por temor a la burocracia o desconocimiento del proceso. Con el acompañamiento adecuado y una estrategia bien definida, es posible obtener una resolución favorable y hacer valer los derechos frente a situaciones de incumplimiento económico.