¿Cuánto cuesta poner una demanda por impago?

Qué incluye el coste de una demanda por impago

Cuando te preguntas cuánto cuesta poner una demanda por impago, es clave desglosar todas las partidas que intervienen desde el primer contacto con el despacho hasta la obtención de una sentencia o un acuerdo. El coste no se limita a “presentar la demanda”; abarca análisis jurídico, recopilación de pruebas, redacción de documentos, presentación en sede judicial, seguimiento del procedimiento y, si procede, ejecución de la sentencia para cobrar efectivamente la deuda. Además, hay gastos que dependen del tipo de procedimiento y de la cuantía reclamada, así como de si intervienen abogado y procurador.

En líneas generales, el presupuesto de una reclamación por impago se compone de: honorarios de abogado (por estudio, estrategia, redacción de escritos, vistas orales y atención al cliente), honorarios de procurador (cuando sea preceptivo), posibles tasas o aranceles aplicables, gastos de notificación (como el envío de un burofax previo), peritajes si fueran necesarios (por ejemplo, para cuantificar daños o intereses), copias y certificaciones oficiales, así como el IVA correspondiente. A esto se añaden, en su caso, los costes de ejecución si la parte deudora no paga voluntariamente tras la sentencia o el decreto de aprobación en un monitorio.

Otro elemento a considerar es la complejidad: no cuesta lo mismo una reclamación sencilla con factura impagada y prueba documental clara que un conflicto con oposición, múltiples documentos y necesidad de interrogatorios o testificales. Los despachos pueden ofrecer diferentes modalidades de precio: tarifa cerrada, por horas, por tramos de cuantía o con un variable ligado al resultado. Lo recomendable es solicitar una hoja de encargo por escrito que detalle el alcance, las fases incluidas, los plazos aproximados y las condiciones de pago.

Tasas judiciales y gastos procesales

Las tasas judiciales y los gastos procesales pueden variar en función del tipo de parte (persona física o jurídica), el orden jurisdiccional y la naturaleza del procedimiento. Aunque en muchas reclamaciones de cantidad las personas físicas no abonan tasa, conviene confirmar la normativa vigente y las exenciones aplicables. Las empresas y determinadas entidades pueden estar sujetas a tasas en ciertos procedimientos civiles, y el importe depende de la clase de demanda y la cuantía. Además de las tasas, hay gastos asociados a la práctica de diligencias, notificaciones o publicaciones en boletines oficiales si el demandado está en paradero desconocido.

Entre los gastos habituales se incluyen los derivados de actos de comunicación (intentos de notificación, edictos si fueran necesarios) y los de expedición de copias certificadas o testimonios. Si hace falta un perito (por ejemplo, para acreditar el cálculo de intereses, la autenticidad de firmas o la valoración de mercancías), habrá una provisión de fondos que impactará el presupuesto. No menos importante, algunos procedimientos requieren la representación obligatoria de procurador, quien percibe sus propios aranceles, y la coordinación entre abogado y procurador supone tareas adicionales que también forman parte del coste final.

Muchos de estos gastos se anticipan al inicio como provisión de fondos. Solicitar un presupuesto desglosado ayuda a evitar sorpresas: qué se incluye, qué no, y qué sucederá si el demandado se opone o si hay que recurrir. También es prudente preguntar por el posible coste de la fase de ejecución (embargos, averiguación patrimonial, mandamientos a bancos o registros) ya que, en la práctica, lograr el cobro puede ser la parte más exigente del proceso.

Honorarios de abogado: modelos y rangos

Los honorarios del abogado en una demanda por impago se estructuran de distintas formas. Una de las más comunes es el precio cerrado por fases, donde se fija un importe para la redacción y presentación de la demanda y otro para la vista o la oposición. Otra modalidad es el mixto: una parte fija de arranque (por ejemplo, el estudio y la interposición) y un success fee o porcentaje sobre las cantidades recuperadas si se gana o se cobra. En ocasiones se trabaja por horas, con una estimación del número de horas previstas y su coste unitario. La hoja de encargo debe indicar siempre qué trabajos incluye cada fase y cuándo se devengan los importes.

Los rangos orientativos pueden fluctuar según la cuantía, la complejidad y la plaza (no cuesta igual litigar en grandes ciudades que en partidos más pequeños). Para reclamaciones sencillas con documentación clara (facturas, presupuestos aceptados, contratos firmados) y sin oposición, el coste profesional puede ser relativamente contenido. Por el contrario, cuando hay oposición, reconvención, abundante prueba o necesidad de vista con testigos, los honorarios crecen. También inciden los plazos: si el asunto exige actuaciones urgentes, algunos despachos aplican suplementos por disponibilidad.

Siempre conviene exigir una hoja de encargo detallada: alcance, fases, provisión de fondos, política de reembolsos si se archiva, y criterio de revisión de honorarios si cambia la estrategia (por ejemplo, si de un monitorio sin oposición se pasa a un verbal con vista y recursos). Por transparencia, pide que el despacho te indique la previsión de gastos externos (procurador, peritos, tasas) y las condiciones del porcentaje de éxito si lo hay (base de cálculo, momento del devengo, qué pasa si hay acuerdo extrajudicial).

Procurador: cuándo es obligatorio y cuánto cuesta

El procurador es el profesional que te representa ante el Juzgado para recibir notificaciones y realizar trámites procesales. Su intervención es obligatoria en la mayoría de procedimientos civiles de determinada cuantía o fase, especialmente a partir de la oposición o cuando el asunto adquiere complejidad. En procedimientos de menor cuantía, como algunos monitorios sin oposición, puede no ser necesaria su intervención inicial, pero sí llegar a serlo si el demandado se opone y el proceso se transforma en juicio verbal u ordinario. Por ello, al calcular cuánto cuesta poner una demanda por impago, debes contemplar el posible coste del procurador desde el inicio.

Los honorarios del procurador están regulados por aranceles y dependen de la cuantía y las actuaciones realizadas. Normalmente se solicita una provisión de fondos y, en caso de condena en costas a la parte contraria, esos importes pueden ser recuperados total o parcialmente. Es buena práctica que abogado y procurador coordinen un presupuesto conjunto para que tengas una visión completa de los desembolsos, incluyendo escenarios con y sin oposición, así como la eventual ejecución.

Además del coste, el procurador aporta valor en la agilidad y el control de plazos, algo vital para que el procedimiento no sufra retrasos por defectos de forma o incidencias de notificación. Un procurador experimentado puede detectar incidencias en la localización del deudor, proponer edictos o apoyar en la coordinación de señalamientos, lo que repercute en tiempos y, en última instancia, en costes.

Tipo de procedimiento según cuantía: monitorio, verbal, ordinario

Elegir el cauce procesal correcto es decisivo tanto para los tiempos como para el presupuesto. En reclamaciones de deuda documentada, el procedimiento monitorio es una vía muy eficiente: se inicia con una petición sencilla acompañada de documentos que acrediten la deuda (facturas, albaranes firmados, contratos, certificaciones). Si el deudor no paga ni se opone, el Juzgado dicta un decreto que permite trabar ejecución de manera ágil. Si se opone, el asunto pasa a juicio verbal u ordinario según la cuantía y la materia, con las implicaciones de vista, prueba y mayores costes profesionales.

El juicio verbal suele ser el cauce para reclamaciones de cuantía inferior a determinados umbrales. Se caracteriza por su relativa sencillez y rapidez, aunque, al haber vista, implica preparación, asistencia y práctica de prueba, lo que incrementa el coste frente a un monitorio sin oposición. El juicio ordinario, por su parte, está reservado a cuantías más elevadas o materias específicas; conlleva una fase de demanda y contestación más extensa, audiencia previa para proponer prueba y juicio, por lo que el esfuerzo profesional es mayor y, en consecuencia, también el presupuesto.

Al planificar cuánto cuesta interponer una demanda por impago, conviene valorar escenarios: un monitorio que termina sin oposición puede ser muy económico comparado con un verbal con vista o un ordinario con pericial. Por ello, en la hoja de encargo es útil que el despacho aclare el coste base para el monitorio y los suplementos si hay oposición y el procedimiento “escala” a verbal u ordinario. Así evitarás sorpresas y podrás prever el impacto económico de cada bifurcación procesal.

Coste real según cuantía: ejemplos prácticos

Para aterrizar cifras, es útil pensar en escenarios tipo y rangos aproximados. Supón que reclamas una factura de importe reducido con documentación clara y el deudor no se opone en monitorio: el coste total puede ser contenido, limitado al trabajo de preparación, presentación y seguimiento hasta el decreto, más la gestión de ejecución si hiciera falta. En cambio, si el deudor se opone y se celebra vista en un verbal, tendrás que sumar la preparación de la prueba, la asistencia al juicio y el posible coste de testigos o peritos. A medida que la cuantía sube y el caso se complica, el presupuesto se amplía proporcionalmente.

Un segundo ejemplo: reclamación de cuantía media con varios documentos, correos, presupuestos y entregas. Aunque el monitorio podría prosperar, la experiencia indica que en estos supuestos la oposición es más probable, lo que obliga a contemplar el coste del verbal u ordinario. Aquí suelen plantearse hojas de encargo por tramos de cuantía y suplementos por vista y recursos. Si el asunto pasa a ejecución (porque el deudor no paga voluntariamente), habrá partidas añadidas: averiguación patrimonial, embargos, oficios a bancos, anotaciones preventivas, subastas, etc.

Tercer escenario: reclamación elevada o con controversia técnica (p. ej., cálculo de intereses complejos, servicios no conformes, entregas parciales). Es probable un ordinario con audiencia previa, prueba pericial y juicio, y conviene prever un presupuesto más amplio, incluyendo peritos. Aunque la sentencia podría imponer costas al deudor si pierdes o si gana el acreedor, esto no garantiza el cobro inmediato; si el deudor es insolvente, la ejecución puede alargarse y requerir nuevas actuaciones con su correspondiente coste.

Costas y riesgos: quién paga si gano o pierdo

Las costas procesales son los gastos del proceso (honorarios de abogado y procurador, peritos, edictos, etc.) que el Juzgado puede imponer a la parte que pierde, según reglas de vencimiento. En reclamaciones por impago, si el deudor se opone sin razón y pierde, lo habitual es que sea condenado a pagar las costas, lo que permite al acreedor recuperar gran parte de sus desembolsos. No obstante, la tasación de costas no siempre cubre el 100% de los honorarios facturados; se aplica un criterio de razonabilidad y puede haber impugnaciones por excesivos. Es prudente contemplar que recuperarás una parte significativa, pero no necesariamente todo.

Si pierdes total o parcialmente, puedes ser condenado a pagar las costas de la otra parte. Este riesgo debe estar presente al valorar el precio y la estrategia. Por eso, una buena práctica es realizar un análisis de viabilidad antes de demandar: revisar pruebas, posibles defensas del deudor, cláusulas contractuales, prescripción y riesgos probatorios. En ocasiones, una negociación previa o un acuerdo puede resultar más rentable que litigar hasta el final con un resultado incierto.

Otro aspecto es la insolvencia del deudor. Aunque ganes y con costas, si el deudor no tiene bienes embargables, el cobro será complejo o imposible a corto plazo, y la ejecución generará más gastos y tiempo. Por eso, antes de iniciar acciones conviene valorar la solvencia con herramientas de información empresarial, registros, o indicios contables. Si la expectativa de cobro es baja, quizá sea preferible explorar vías de refinanciación, reconocimiento de deuda o titulización de créditos, en lugar de un litigio largo y costoso.

Alternativas previas: burofax, mediación y acuerdos

Antes de presentar una demanda por impago, es recomendable agotar vías previas que, además de ser más económicas, fortalecen tu posición si finalmente litigas. El burofax con certificación de contenido y acuse de recibo es un paso casi imprescindible: interrumpe la prescripción, acredita el requerimiento de pago y demuestra buena fe. Prepararlo con un abogado garantiza un texto sólido, con una propuesta de solución y un plazo claro para pagar o negociar. Este gasto inicial suele ser reducido en comparación con un procedimiento judicial completo y, en muchas ocasiones, basta para lograr un acuerdo.

La mediación o la negociación directa pueden ahorrar meses de litigio y costes asociados. Un acuerdo de reconocimiento de deuda con calendario de pagos, garantías (aval, prenda, reserva de dominio) o cláusulas de incumplimiento (vencimiento anticipado, intereses de demora) puede resultar más eficiente que una demanda, especialmente si la solvencia del deudor es justa. Además, los acuerdos pueden homologarse judicialmente o elevarse a público para facilitar su ejecución en caso de impago posterior.

Por último, considera medidas de presión legítimas como la inclusión del impago en registros de morosidad cuando se cumplan los requisitos legales, o la cesión del crédito a una empresa de recobro. Estas opciones tienen costes y consecuencias que deben evaluarse con asesoramiento profesional para no incurrir en responsabilidades. Lo importante es que cada paso previo quede documentado; así, si llegas al Juzgado, tendrás un relato probatorio sólido y, con suerte, un camino más corto y barato hacia el cobro.

Justicia gratuita y reducción de costes

Si tu situación económica lo permite, puedes solicitar el derecho a la asistencia jurídica gratuita, que cubre total o parcialmente honorarios de abogado y procurador, así como ciertos gastos del proceso. Para ello, deberás acreditar ingresos y patrimonio dentro de los límites legales. La justicia gratuita no solo reduce los desembolsos iniciales, también puede impactar en la asunción de costas. Aun así, conviene asesorarse porque la concesión puede ser parcial, y los umbrales y requisitos varían con la normativa aplicable.

Más allá de esta vía, hay estrategias para optimizar costes incluso sin justicia gratuita. Por ejemplo, reunir desde el inicio toda la documentación probatoria evita escritos adicionales y subsanaciones; elegir el cauce procesal idóneo (monitorio cuando procede) reduce tiempos y gastos; pactar una hoja de encargo con hitos y variables de éxito alinea intereses; y prever desde el principio la fase de ejecución te ayuda a decidir si merece la pena litigar dado el perfil de solvencia del deudor.

También puedes explorar pólizas de protección jurídica que incluyan cobertura de reclamaciones de cantidad. Algunas aseguradoras asumen parte de los honorarios o te permiten elegir abogado de confianza, con reembolso dentro de límites. Revisa tu póliza de hogar, empresa o autónomos: a veces incluyen esta cobertura sin que lo sepas. Finalmente, recuerda que un buen acuerdo extrajudicial, aun sacrificando una pequeña parte del crédito, puede resultar financieramente más rentable que un pleito largo con cobro incierto.

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